La Gerencia de Control a las Operaciones Ilegales de Coljuegos solicitó al Centro Cibernético Policial el bloqueo de 289 perfiles de redes sociales como Facebook e Instagram que han realizado rifas, bingos, promocionales o publicidad a casas de apuestas no autorizadas en el país.

Entre los perfiles denunciados por la entidad se encuentran usuarios como “Lechoneitor”, “epa_colombia”, “la_liendraa”, “yefersoncossio”, “motormaniacolombia”, “javier.arias.stunt”, entre otros, así como perfiles de casas de apuestas ilegales como 1XBet.

“Le hemos pedido a la multinacional Meta que bloquee estos y otros perfiles que se dedican a operar juegos de suerte y azar sin autorización del Estado, o que promocionan casas de apuestas extranjeras que no pagan los respectivos derechos de explotación en nuestro país”, dijo Marco Emilio Hincapié, presidente de Coljuegos.

Y añadió: “Nosotros estimamos que, cada año, se dejan de percibir cerca de $70.000 millones para la salud de los colombianos a causa de las rifas ilegales. Por eso, es indispensable que multinacionales como Meta se unan a la lucha contra esta conducta delictiva”.

Cabe mencionar que, además de las solicitudes de bloqueo, actualmente Coljuegos adelanta 35 procesos administrativos sancionatorios en contra de influenciadores y empresas por la presunta operación ilegal de juegos de suerte y azar. De igual forma, se están investigando 79 perfiles adicionales de personas que no han podido ser identificadas.

“Además de estos perfiles, durante nuestra administración hemos emitido 7.631 solicitudes de bloqueo de páginas web que operaban juegos de manera ilegal. Esto indica que, por primera vez en la historia de la entidad, estamos enfrentando de manera contundente las apuestas virtuales ilegales que desfalcan el sistema de salud”, aseguró Hincapié.

Es importante destacar que la operación de juegos de suerte y azar sin autorización es un delito contemplado en el artículo 312 del Código Penal. Además, quienes sean hallados culpables podrían recibir una sanción de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.